Los tres sistemas de gestión de envases y embalajes revelaron sus inquietudes a dos meses de la entrada en vigencia de la Ley REP

Publicado en País Digital

ReSimple, Giro y ProRep participaron por primera vez juntos en el seminario presencial ¿Sabemos a qué nos enfrentamos con la Ley REP? organizado por la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G. (ANIR) con el patrocinio de Ball Corporation. En el inédito encuentro que contó con la presencia de más de 100 personas, entre ellos importantes personalidades del ecosistema, los Gransic (Gran Sistema de Gestión Colectivo) compartieron sus principales incertidumbres, pero también claves para un exitoso debut en septiembre próximo.

A casi dos meses del debut de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley REP) para el producto prioritario de envases y embalajes se levantan, entre diferentes actores del ecosistema nacional, una serie de expectativas respecto de las oportunidades que ofrece, pero principalmente de los desafíos que implicará su puesta en marcha. Esto no es menor, dado que es sopesada como una de las políticas públicas ambientales más importantes de la última década en Chile y porque además se trata de una normativa sin precedentes a nivel nacional, aunque en países desarrollados de Europa nos llevan la delantera completando ya tres décadas de ejecución.

Ante este escenario inminente, la visión de los sistemas de gestión es indispensable a la hora de tomar el pulso a cada una de las fases de un proceso que es inédito. Los sistemas de gestión son una parte fundamental de la Ley Rep, pues agrupan a aquellas empresas que -por mandato de esta ley- deben hacerse cargo del financiamiento y organización de la gestión de los residuos que se generan en el posconsumo de los productos envasados o embalados que venden por primera vez en el mercado, y también del cumplimiento de metas de recolección y valorización en un período de 12 años.

Conocer esa visión fue el propósito del seminario presencial ¿Sabemos a qué nos enfrentamos con la Ley REP? que organizó la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje A.G. (ANIR) con el patrocinio de Ball Corporation y que tuvo como protagonistas a los tres sistemas de gestión colectivo (Gransic) que comenzarán a operar en los territorios del país de manera gradual a partir del próximo 1 de octubre: ReSimple, que operará las categorías domiciliaria y no domiciliaria, para lo que ya cuenta con los permisos del Ministerio del Medio Ambiente; ProRep, que tiene la aprobación para la operación no domiciliaria; y Giro (Todosreciclamos) que se encuentra a la espera de la autorización de la autoridad ministerial para prestar servicios a nivel domiciliario.

El conversatorio partió con la exposición de Cyrille Vecchi, experto global de circularidad en Ball Corporation, quien analizó los principales SIG de Europa y sus modelos de gestión de residuos, así como el caso de Canadá en América del Norte, país donde la administración de los servicios de recolección y reciclaje es pública. Tras ello, dejó establecido que “no hay un marco que se pueda copiar y pegar, y cada uno tiene que adaptarse a las características locales, es decir, consumo, geografía, densidad de población”.

No obstante, hizo hincapié en que existen “reglas de oro”. Una de ellas es la transparencia, en el sentido de no jugar con datos como las tasas de reciclaje final o los flujos financieros. Otra regla apunta a la neutralidad en términos de operación. Al respecto, explicó “que neutralidad es geografía; si tengo gente viviendo en el sur también ellos deben tener acceso a un servicio de calidad de material”.

Uno de los puntos que destacó como aprendizaje de la experiencia europea es que las políticas de reciclaje avancen hacia la conservación, la recuperación del valor y no apuntar hacia la dirección contraria que conduce, por ejemplo, el ´downcycling´. En esa línea, advirtió que faltan mayores incentivos que impulsen el ecodiseño de envases y embalajes por tipo de materialidad.

“Es necesario cambiar hacia una economía circular que realmente retiene el valor del material original, donde los desechos se pueden utilizar para producir material de alta calidad”, reafirmó.

Luego de la introducción de Vecchi, se dio paso al debate moderado por la gerente general de ANIR, Antonia Biggs, y el ex subsecretario del Medio Ambiente y socio fundador de Viable Abogados, Jorge Canals, quienes consultaron a los sistemas de gestión por los éxitos o fracasos que avizoran en el primer año de ejecución.

Logística y más participación

En una primera mirada Isidro Pereda, gerente general de ReSimple, reparó que el estreno de la normativa se enfrentará a un contexto nacional adverso para el reciclaje. “Hay una problemática: botar basura en Chile es gratis y eso es tremendamente contraproducente a la hora de hacer que la Ley REP funcione, por lo cual, la única forma que la ciudadanía se motive a separar los residuos para que estos sean valorizados es que existan muchas más motivaciones que la inciten a reciclar”, afirmó.

Por lo mismo, en ReSimple tienen claridad que esta realidad es uno de los retos que tendrán que abordar, frente al hecho, dijo, de que reciclar es más difícil porque no es un hábito. Otra condición desafiante para el éxito de la ley, de acuerdo a Pereda, es que la geografía del país es muy compleja. “La logística que hay detrás para llevar residuos desde distintas partes de Chile a los centros de reciclaje va a ser un tema también complicado”, reconoció.

Pero no solo hay preocupación por resolver el traslado eficiente de los residuos hasta las principales instalaciones de clasificación, tratamiento y valorización. La baja participación de las empresas reguladas ha sido una constante del proceso. El próximo 16 de septiembre entra en vigencia la norma y la adhesión de productores a un Gransic está muy lejos de cumplir las expectativas. Según cifras de la industria, solo unas 1.500 empresas cumplirán las obligaciones y metas del Decreto Supremo 12 a través de uno de ellos.

De acuerdo a Nesko Kuzmicic, gerente de Operaciones de ProRep, “en general se parte así, más o menos lento”, sin embargo, expresó su inquietud por “las consecuencias de eso, sobre todo a nivel de libre competencia”, ya que, explicó, la mayoría de las empresas reguladas debe asumir un costo por ingresar a un sistema de gestión para dar cumplimiento a las metas de la ley, y si la competencia no está dentro de los sistemas y no tiene ese costo se produce una distorsión del mercado.

“Es algo que se debiera mejorar y, por lo tanto, iniciativas como estas ayudan a difundir. Ahí está uno de los principales desafíos, junto con poder realmente medir e incorporar a estas empresas donde muchas de ellas aún no saben de qué tratan estas obligaciones. Será también un indicador del éxito o de una partida más lenta a lo que se está esperando”.

Además de esta falta de conocimiento de la ley y sus alcances, Kuzmicic cuenta que “lo que se está dando, es que muchas empresas prefieren esperar o que dudan de que la fiscalización vaya a ser efectiva, así como las multas y sanciones que son altísimas (hasta US$ 8 millones por empresa). Por ese lado, hay un desafío ya que está habiendo un incentivo para ser ´free rider´ (productores que están fuera de un sistema de gestión)”.

Es un tema a resolver en Chile, así como lo han sabido manejar otros países donde independiente de que una empresa entre a un sistema dos o tres años después de lo que debiera, tiene igualmente que pagar lo que dejó financiar por dicho período, propuso el representante de ProRep.

“Pensamos que el objetivo de sumar a la mayor cantidad de empresas debiera conversarse. Cómo hacemos para que entiendan que más allá del riesgo de ser multados no hay beneficios de no estar dentro de un sistema”, aseveró.

Desde ReSimple ponen la alerta en las pymes, dado que las grandes y medianas empresas están sensibilizadas, dijo su gerente general. Han realizado una serie de acciones comunicacionales para informar que las multas por incumplimiento de la ley son millonarias, pero no han conseguido un mayor involucramiento.

“Lo que uno podría esperar es que exista un caso de una empresa multada porque es la única manera que esto se viva, que se aterrice y que sea real, no para joderse a la empresa, sino que para tener una noticia de que las multas son reales y, por lo tanto, tienes que hacerte cargo adhiriéndote a un sistema colectivo o conformando un sistema de gestión individual”, indicó.

Aunque, según su análisis, en la categoría domiciliaria podría haber un descalce al principio, donde los planes de gestión no hayan apuntado y no tengan la holgura necesaria. Por lo mismo, relata, tomaron el espacio, a propósito de la baja participación de empresas que podía darse al principio del proceso, y que probablemente después se sume la mayor cantidad de productores.

En Giro difieren de esta postura, en palabras de Rodrigo Sagaceta, Country Manager de este Gransic. Comentó que han tenido que ser flexibles y adaptarse a modelos que son dinámicos para calcular por ejemplo la tarifa que deben pagar los productores, pero “no así el plan de gestión que tampoco puede tener una holgura muy alta, eso también lo ha dicho el Ministerio del Medio Ambiente, ha sido súper tajante, no podemos presentar números que no son la realidad de cada sistema”.

Sin perjuicio de los distintos puntos de vista expuestos, los tres Gransic dejaron abiertas las puertas para recibir a aquellas empresas que aún no son parte de un sistema para cumplir las obligaciones y metas de la Ley REP.

¿Dónde reciclar?

Una de las brechas en la que coinciden los especialistas de esta industria es en la falta de infraestructura para el funcionamiento de las distintas etapas de la cadena del reciclaje, y puntualmente, para la clasificación.

La única instalación de este tipo en Chile, con los permisos sanitarios requeridos, es una planta que se ubica en Tiltil, que hoy opera manualmente. A ello se suma la preocupante inexistencia de valorización local de algunos materiales, y que adiciona otro reto: capacitar a los usuarios y municipios.

A principios del año pasado el Ministerio del Medio Ambiente sometió a consulta una serie de modificaciones al Decreto 40 que establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), proponiendo dos modificaciones que faciliten la instalación de infraestructura para reciclaje y valorización con la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).

Mientras se avanza en esos ajustes, el aspecto tranquilizador de cara al primer año de la ley, según Kuzmicic, es que se cuenta con capacidad instalada en la zona centro de Chile, no obstante, hay brechas evidentes en los extremos geográficos del país.

“El gran desafío que tenemos como país es que se genere infraestructura en las regiones, es ahí donde va a haber que poner más inversiones porque será totalmente necesario en un país como nosotros donde la logística es una locura. Además, tiene que haber consumo y demandas internas”, señaló.

A su turno, Sagaceta complementó lo anterior afirmando que los sistemas de gestión como parte de la Ley REP visibilizarán una demanda activa por servicios de valorización financiada por los productores de envases y embalajes, donde la responsabilidad no solo es de los Gransic, ya que la colaboración mayor, dijo, debe venir de la autoridad, y de distintos puntos de vista.

“Tenemos que hacer muchas cosas para fomentar la infraestructura, desde los permisos sanitarios, con más financiamiento, por lo tanto, la buena noticia de esta REP es que vamos a mostrar una cara que hasta antes del año 2023 era más invisible y felices nosotros, en particular Giro, de ser articuladores de estas conversaciones para que la colaboración prime en sortear este desafío de infraestructura”, opinó.

Puntualmente, en lo que se refiere a la primera etapa del proceso de gestión de residuos, es decir, retiro de residuos sólidos desde distintos puntos de generación como viviendas, puntos limpios, puntos de acopio y campanas “en la medida que los sistemas de gestión vayan abordando los distintos territorios, van a aparecer sistemas de recolección, ya sea, a través de recicladores de base, o a través de gestores con camiones”, comentó el gerente general de ReSimple.

La Ley REP establece que los sistemas de gestión podrán prestar servicios de recolección en las comunas del país mediante convenios de colaboración mutua con las municipalidades. Este Gransic ya cuenta con las firmas de 20 comunas, entre ellas, Renca, Providencia, Concepción, Hualpén, Curicó, Iquique, Calama, Punta Arenas, al tiempo que avanza en nuevas alianzas con alcaldías de la Región Metropolitana y de la zona norte, centro y sur de Chile, con el propósito de empujar la descentralización del reciclaje.

Ganarse la confianza

Otro de los desafíos es luchar contra uno de los estigmas del reciclaje: la creencia de que lo que se recolecta desde los distintos puntos de generación de desechos finalmente no se valoriza y, lo que es peor, termina igualmente en rellenos sanitarios y vertederos.

Los sistemas de gestión están muy conscientes que ejecutar una adecuada trazabilidad será clave para demostrar que la tarea se puede hacer bien, porque de lo contrario, se perderá toda la credibilidad en la industria.

Ese fue el consejo del especialista de Ball Corporation, “porque en cuanto a la reputación en otros países han jugado un poco con los límites, se han puesto realmente en duda los números y a partir de ese momento se acabó. Sale en la prensa, sembrando duda y la gente dice que esto es una mentirilla y se pierde todo”.

De ReSimple, su gerente general Isidro Pereda coincidió con este planteamiento y reparó en que “si no hay una trazabilidad muy uno a uno, punto a punto, la ciudadanía nos va a decir ´saben, están puro dando la hora, como siempre el reciclaje es un bluf´”. En ese sentido, sostuvo que “la trazabilidad en el mundo domiciliario va a ser clave para que esto funcione de manera transparente y lo más probable es que cometamos errores y que tengamos que dar la cara”.

Por lo tanto, dijo, “tenemos que ser súper rigurosos (…) vamos a contratar a terceros, y si un gestor no está a la altura ensucia lamentablemente lo que uno representa, que es el sistema de gestión que lo contrató”.

Aunque en su opinión este desafío está más resuelto en la operación no domiciliaria, en el sentido de que hay servicios de recolección desde los grandes consumidores industriales que tienen a través de Ventanilla Única, a través de los mismos gestores que son empresas grandes y por lo general cada kilo que se recoge se vende.

Kuzmicic de ProRep tuvo una mirada algo distinta al sostener que sí hay “desafíos tremendos” y puso el foco en la necesidad de estandarizar los criterios de los gestores, “que todos hablen el mismo lenguaje, que ciertas variables sean las que tienen que estar en cada una de las declaraciones porque todo eso tendrá que integrarse en un sistema de gestión”, para poder realizar las mediciones.

Sensibilización, punto crítico

La Ley REP para envases y embalajes implica un cambio cultural que revierta las bajas tasas de valorización. Según datos oficiales, solo un 4% de las personas a nivel nacional recicla los envases y embalajes de los productos que compra, lo que choca fuertemente con la cantidad de basura que cada persona genera al día.

Según datos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), a nivel sudamericano, Chile es el país que más genera basura por persona, alcanzando 1,26 kilos de residuos al día, donde la tasa de reciclaje de envases y embalajes domiciliarios llega a un 4% y envases y embalajes no domiciliarios 12%.

Por eso, cuando faltan solo dos meses para el inicio de lo que algunos creen será una revolución del ecosistema, se vuelve clave contar con estrategias adecuadas y eficaces de sensibilización de la ciudadanía que promuevan un mayor involucramiento con la gestión responsable de desechos.

La tarea no es fácil, “sensibilizar a la población es un trabajo de largo plazo para que sea efectiva”, reparó Cyrille Vecchi, el experto global de circularidad en Ball Corporation invitado a exponer en el seminario.

La tarea de concientizar estará dentro de las prioridades de Giro el primer año de operaciones, en el que esperan alcanzar las metas correspondientes. “La principal expectativa es cumplir las metas del año uno, pero sabiendo que también es un año de validar un montón de hipótesis aguas abajo o aguas arriba, partiendo por la sensibilización de la ciudadanía, de los usuarios de los envases y embalajes que es el producto prioritario más masivo y más distribuido en el territorio nacional y la reacción de los regulados, que está escasa y que es súper importante para nosotros, (porque) de ahí viene el financiamiento”, apuntó Rodrigo Sagaceta, Country Manager de Giro.

Complementó indicando que la conversación con los territorios y municipios en convenio, la respuesta de la ciudadanía a los mensajes de sus gobiernos comunales y de qué manera el sistema de gestión facilitará dicho mensaje para hacerlo virtuoso, son asuntos que estarán en la agenda de Giro.

Con todo, el factor de la sensibilización “es crítico para el proceso de la Ley REP, es decir, tenemos la representación de un sector regulado que se debe a la sensibilización” y tomando en cuenta que no hay una regla de oro al respecto, probablemente, dice, tendrán que seguir evaluando los resultados de su Programa de Segregación de Origen.

“Es una acción temprana la que tiene que comenzar y en todos los segmentos y rangos etarios, pero es un punto crítico, sin duda, que no viene solamente de un plano interno de las propias empresas que se organizaron, sino que también viene de una conversación conjunta con el territorio donde vamos a estar operando, pero también no tenemos que desconocer que todos juntos tenemos que avanzar hacia una comunicación con mensajes claros y ayudar al ciudadano a aterrizar este mensaje, de que la Ley REP y el reciclaje llegó para quedarse y se viene con todo”, remarcó.

En la operación no domiciliaria (industrial) que también tiene sus retos en este punto, el escenario es un poco distinto, matiza el gerente de Operaciones de ProRep, en términos de los canales de difusión que transmitirán el mensaje a sus audiencias de interés.

“En eso los gremios han apoyado mucho, pero aún falta”, subrayó Kuzmicic, quien aprovechó la instancia para pedirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto. “Quisiéramos una mayor difusión de parte del Ministerio del Medio Ambiente, tal vez, a través de alguna Seremía, pero bueno, es un proceso en el que estamos todos embarcados y por eso nosotros mismos hablamos de que somos casi evangelizadores en este momento porque hay aún mucho desconocimiento”.

Igualmente, el representante de ProRep se refirió al desafío de las metas que los sistemas de gestión tendrán que alcanzar y que a su parecer son muy desafiantes dentro de los plazos que establece la ley al compararse, dijo, con la experiencia de otros países.

“En Europa, en general, son períodos largos antes de cambiar y subir un peldaño y nosotros queremos hacer en siete o en ocho años las metas que van a tener muchos de los países de Europa”, señaló.

En este punto, Sagaceta hizo el alcance de que existen algunas herramientas que les permitirán cumplir las metas, “pero no las expectativas de valorización” de determinados materiales.

El Decreto Supremo de la Ley REP para este producto prioritario se promulgó en marzo de 2021 y establece metas de reciclaje diferenciadas por subcategorías de envases y embalajes, las que además son graduales a partir del primer año de implementación (2023) hasta el año 12 (2035). Por ejemplo, la meta para plástico el primer año es de 3% hasta llegar a 45% al año 2035.

Para papel-cartón la meta al año 1 es de 5% hasta llegar a 70% al año 12; cartón para bebidas (tetra pak) es de 5% hasta llegar a 60% al año 12; metal de 6% hasta llegar a 55% y por último, vidrio tiene la meta más alta con 11% el primer año y de 65% al año 12. Así, la meta general es de 7% en 2023 hasta avanzar a 60% en promedio en 2035.

Las metas de recolección de envases y embalajes domiciliarios se entenderán cumplidas en el momento de su valorización.

Mientras Pereda enfatizó que hay “una tremenda oportunidad a propósito de la Ley REP, porque empiezan a salir dineros desde las empresas afectas a través de los sistemas de gestión con licitaciones que van a permitir adquirir activos y poder en este caso emprender cosas que hasta antes era imposible hacer, porque no te calzaba el modelo de negocio”.

En las palabras finales, los representantes de los sistemas de gestión cerraron el conversatorio con palabras optimistas frente a lo que implicará la puesta en marcha de esta política pública que es considerada una de las más relevantes de la última década en materia ambiental.

“Estamos emocionados, quedan meses para que esto parta, nos hemos ido preparando hace dos años como sistema. La transformación que va a significar es tremenda, un cambio de paradigma brutal, por lo tanto, estamos también ansiosos de que esto parta y vamos a poner todo el esfuerzo del mundo y estoy seguro que mis colegas también, en que esto realmente sea un cambio positivo para el país”, concluyó Kuzmicic.

Isidro Pereda de ReSimple apuntó a la colaboración circular y a un cambio de mentalidad: “tenemos que pasar del ´qué lata reciclar’ a -ojalá- ‘reciclemos todo´ y, por otro lado, es importante nuevamente transmitir que esto se viene y se viene de verdad. Si no lo hacemos entre todos, no vamos a poder cumplir lo que hemos señalado acá, porque es tremendamente desafiante y muy complejo”.

Por último, Sagaceta de Giro coincidió en que la colaboración es un factor importante, “pero hay un mensaje que transmitimos. Este año es el primer año donde las empresas que introducen productos de consumo masivo financian el reciclaje y el 2022 es el último año de venderle al mercado sin ningún control y eso es medición, es levantamiento de data, así que este 2023 es súper virtuoso para Chile finalmente y nosotros vamos a ser los responsables de que esto pase”.